Es una entidad del sector público creada para determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público.

Creado mediante Decreto 2405 del 30 de noviembre de 1998, y responde al compromiso del Presidente de la República de atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la corrupción en la administración pública colombiana.

La Constitución Política colombiana precisó la naturaleza jurídica del Ministerio Público: Es un órgano de control, autónomo e independiente, que funciona bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación.

La Constitución Política de 1991 en el artículo 267 define que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, convirtiéndose en el máximo organismo de Control Fiscal en Colombia.